Ilusiones Presupuestales

El Presupuesto Institucional de Apertura del Sector Público (PIA) para el 2009 implica un paso abierto hacia una estrategia fiscal diferente. Una PIA basado en supuestos macro bajo un ambiente económico significativamente distinto al observado el último quinquenio. Entre el 2002 y el 2007, periodo en el que observamos una evidente bonanza fiscal -gracias al boom de las exportaciones y la mayor recaudación asociada a éste- el gasto del aparato estatal se elevó sostenidamente bajo un esquema inercial (léase: sin mayores reformas institucionales que catalizaran mayor eficiencia, transparencia o siquiera un claro sentido de prioridad nacional). Como referencia basta con reconocer que sólo el gasto de gobierno central creció anualmente a un ritmo de 12.6%, doblando virtualmente su escala y bordeando los 20 mil millones de dólares a mediados del presente año (ver gráfico adjunto). FALTA INSERTAR GRAFICO…

Reconociendo tácitamente no solo los previsibles efectos contractivos sobre la actividad económica local asociable al deterioro de nuestros términos de intercambio y el desenvolvimiento de un cuadro recesivo global, sino también a lo difícil de manejar la moderación este expansivo patrón de gasto, el MEF plantea como el objetivo central de este nuevo proyecto el "modular" el gasto de las diferentes instancias del aparato estatal, hacia niveles consistentes con superávits moderados. Para ello plantean -simultáneamente- limitar el gasto nominal del gobierno nacional y adoptar medidas de austeridad para el resto del presente año, así como diseñar el presupuesto del 2009 asignando recursos ordinarios en forma consistente con los costos de administración del Estado, supeditando ampliaciones a mejoras medibles en focalización y eficiencia; y ampliando la escala de fondos concursables (FONIPREL) para proyectos de inversión.

Lo sugestivo de este nuevo presupuesto pasa por enfocar las limitaciones que el mismo MEF reconoce en forma pública. En los últimos años sólo hemos gastado más. Ni hemos modernizado el gobierno ni hemos logrado consolidar esquemas de servicio público aceptables en, por ejemplo, ámbitos locales y regionales. En realidad dada la sobre regulación y los déficit de capital humano prevalecientes a nadie le sorprende la baja tasa de utilización de los recursos. Abiertamente persisten esquemas de gestión que se caracterizan por sus altos costos administrativos; la ausencia -en el grueso de los pliegos- de líneas de base y metas claras, el  deficiente seguimiento y evaluación de los impactos de los recursos involucrados; abierta redundancia en la intervención, la cobertura, la filtración y la discrecionalidad en el uso de los fondos de los contribuyentes. Todo esto, bajo procesos de identificación limitada (si acaso alguna) de los beneficiarios y los incentivos requeridos, en los que no solo prevalecen prácticas de intervención desarticulada e inercial.

Bajo esta perspectiva resulta poco útil reproducir la vieja discusión presupuestal de todos los años que enfoca -por ejemplo- exclusivamente montos o temas como el incremento de disposición relajada de fondos del Foniprel o el tamaño de los recursos asignados a un portafolio o Poder del Estado. El problema de fondo aquí implica reconocer que en ausencia de una reforma del Estado hace mucho menos relevante enfocar escalas.