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Aportes para una política de transformación de conflictos con equidad desde las regiones

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Resumen: 

El proceso de descentralización iniciado el 2002 ha ido de la mano con el mayor crecimiento macroeconómico nacional de las últimas décadas, aunque también con el incremento en cantidad e intensidad de los conflictos sociales, los cuales han afectado la gobernabilidad del país. Los conflictos manifiestan características que involucran y afectan a hombres y mujeres desigualmente; basta con ver las imágenes de las mesas de diálogo o procesos de negociación en los que solo participan hombres como decisores, excluyendo a las mujeres, sus organizaciones y su agenda de demandas. Igualmente, resulta crucial estudiar con mayor profundidad aquellos liderazgos masculinos que han promovido procesos de diálogo, prevención y gestión de conflictos.

El gobierno nacional y algunos gobiernos regionales han implementado recientemente políticas o medidas para la prevención y gestión de conflictos sociales. Las posibilidades de éxito de los esfuerzos realizados por los segundos, sin embargo, dependen del liderazgo constructivo de sus presidentes regionales y de las capacidades y recursos de los equipos, oficinas o unidades regionales conformadas para la prevención y gestión de conflictos. Las intervenciones regionales enfrentan múltiples desafíos como mejorar la confianza, articu¬lación, coordinación y colaboración intergubernamental; revertir la cultura confrontacional del conflicto; revalorar el diálogo entre los actores gubernamentales y sociales; fortalecer el sistema multigubernamental que presenta algunas disfunciones; y atacar las raíces estruc¬turales de los conflictos. Con el propósito de construir una institucionalidad interguberna¬mental fuerte y establecer relaciones intergubernamentales de aliados, se plantea la crea¬ción de un sistema nacional, intergubernamental y descentralizado de prevención y gestión de conflictos basado en la articulación y coordinación horizontal de los diferentes niveles de gobierno, que incorpore la perspectiva de género sustentada en la normativa nacional e internacional.