Objetivo principal
1) Producir una sistematización de los servicios de atención existentes a nivel nacional, incluyendo un balance de sus recursos humanos y financieros, así como de sus estadísticas de atención de forma comparativa con el periodo previo al 2016. 2) Investigar empíricamente las rutas de atención que siguen las víctimas de violencia de género en dos zonas territoriales diferentes: en el distrito de Villa El Salvador en Lima, y en la Municipalidad Provincial de Huamanga en Ayacucho.
Problema de estudio y relevancia
La violencia contra las mujeres es un problema endémico en el Perú, y frente a ello el Estado ha actuado de forma lenta e insuficiente desde la adopción de la primera Ley contra la violencia familiar en los noventas. Por más que haya mejorado la capacidad de atención estatal a las víctimas de violencia contra las mujeres desde la adopción del Plan nacional de 2016, la situación sigue siendo muy preocupante. En ese sentido, la investigación pretende responder: ¿en qué dimensión(es) ha mejorado la atención estatal a las víctimas de violencia familiar y sexual, y qué aspectos continúan impidiendo una atención adecuada frente a la magnitud del problema? Esta investigación plantea un análisis de las diferentes rutas de atención estatal a las víctimas de violencia familiar y sexual. La pregunta general de investigación es: ¿Cuál es la experiencia de las mujeres víctimas de violencia de género cuando acuden a una institución estatal para recibir protección? Las sub-preguntas son: a) ¿La política pública planteada por el PNCVG 2016-2021 responde a las necesidades de las víctimas de violencia en materia de protección? b) ¿Cuáles son las rutas de atención estatal más adecuadas y qué elementos deberían mejorar para proveer una verdadera protección a las víctimas?
Hipótesis
Trabajamos con tres hipótesis que no son mutuamente exclusivas. La primera hipótesis es que, por más que se haya adoptado un nuevo marco normativo, los legados institucionales (prioridad estatal baja en el tema de la violencia de género) generan una continuidad en la forma cómo se organiza la atención a las víctimas. La segunda hipótesis considera que el nuevo marco normativo y la presión ciudadana generada con el movimiento “Ni Una Menos”, han generado una mejor capacidad estatal para atender a las víctimas. La tercera hipótesis considera que esta mejora es dispar, y que las deficiencias serán más severas en instituciones creadas en contextos menos democráticos e igualitarios, mientras burocracias nuevas tendrán una aproximación más igualitaria y sensible a las víctimas, y por eso una mayor capacidad de atender a las víctimas de manera satisfactoria.
Vinculación a la política pública
La investigación apunta a contribuir análisis y recomendaciones al gran esfuerzo actual del gobierno en materia de lucha contra la violencia de género. Los resultados de la investigación podrán ser útiles para los diferentes sectores responsables de la atención a las víctimas de violencia de género—Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público, dado que presentarán una visión de conjunto de los servicios de atención estatal, enfatizando las brechas territoriales en el acceso, y un análisis de importantes obstáculos o limitaciones experimentadas por las víctimas que son atendidas.
