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Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género. Entre legados e innovaciones

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Resumen del informe final: 

Basado en una revisión de los avances en materia normativa y de desarrollo institucional, así como en un trabajo de campo en dos zonas del país (Villa El Salvador y Huamanga), el estudio propone tres causas principales para explicar la brecha existente entre lo que plantea la legislación peruana en materia de violencia contra las mujeres y la atención que reciben las mujeres víctimas en búsqueda de protección por parte del estado: problemas de capacidad estatal, problemas de coordinación intersectorial y la persistencia de prejuicios entre los operadores del sistema de justicia. Si bien se han dado avances importantes, encontramos barreras considerables que dificultan una respuesta estatal adecuada para las mujeres que presentan denuncias.

Abstract: 

Based on the analysis of normative and institutional development, as well as field work in two territorial zones of the country (Villa El Salvador and Huamanga), this study proposes that three main causes explain the gap between legal norms on violence against women and state´s performance in responding to women victims: state capacity, state coordination, and justice system personnel´s prejudices. While it finds that there have been important advances in state response, the study highlights several considerable obstacles that impede an adequate protection of women victims who seek to lodge formal judicial complaints.

La presente investigación, ganadora del Concurso Anual de Investigación CIES 2018, cuenta con el auspicio de Global Affairs Canada (GAC), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), la Fundación Manuel J. Bustamante De la Fuente y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

A continuación acceda a los PRODUCTOS INTERMEDIOS de este proyecto de investigación, camino a su informe final: 
Motivación

En julio 2016, el Estado peruano adoptó el Plan nacional contra la violencia de género 2016-2021 (PNCVG), basado en una nueva ley. Las estadísticas disponibles indican una mejora neta en la capacidad de atención estatal a las víctimas de violencia contra las mujeres en los últimos años. Por ejemplo, en el 2017, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables subió en 35.2% su capacidad de atención a víctimas de violencia familiar y sexual comparando con el 2016. El MININTER afirma que las denuncias por violencia familiar registradas por la policía se han incrementado en 19.4% en 2016, respecto al año anterior. Sin embargo, la prensa peruana da cuenta semanalmente de numerosos casos de violencia de género y de varias fallas en los mecanismos de atención y sanción. Asimismo, la Defensoría del Pueblo señala que durante el primer trimestre del 2018, los feminicidios habían aumentado en 10% y las tentativas en 55%, respecto al año pasado.

 

Objetivo principal, problema de investigación, hipótesis y vinculación a la política pública
Objetivo principal

1) Producir una sistematización de los servicios de atención existentes a nivel nacional, incluyendo un balance de sus recursos humanos y financieros, así como de sus estadísticas de atención de forma comparativa con el periodo previo al 2016. 2) Investigar empíricamente las rutas de atención que siguen las víctimas de violencia de género en dos zonas territoriales diferentes: en el distrito de Villa El Salvador en Lima, y en la Municipalidad Provincial de Huamanga en Ayacucho.

Problema de estudio y relevancia

La violencia contra las mujeres es un problema endémico en el Perú, y frente a ello el Estado ha actuado de forma lenta e insuficiente desde la adopción de la primera Ley contra la violencia familiar en los noventas. Por más que haya mejorado la capacidad de atención estatal a las víctimas de violencia contra las mujeres desde la adopción del Plan nacional de 2016, la situación sigue siendo muy preocupante. En ese sentido, la investigación pretende responder: ¿en qué dimensión(es) ha mejorado la atención estatal a las víctimas de violencia familiar y sexual, y qué aspectos continúan impidiendo una atención adecuada frente a la magnitud del problema? Esta investigación plantea un análisis de las diferentes rutas de atención estatal a las víctimas de violencia familiar y sexual. La pregunta general de investigación es: ¿Cuál es la experiencia de las mujeres víctimas de violencia de género cuando acuden a una institución estatal para recibir protección? Las sub-preguntas son: a) ¿La política pública planteada por el PNCVG 2016-2021 responde a las necesidades de las víctimas de violencia en materia de protección? b) ¿Cuáles son las rutas de atención estatal más adecuadas y qué elementos deberían mejorar para proveer una verdadera protección a las víctimas?

Hipótesis

Trabajamos con tres hipótesis que no son mutuamente exclusivas. La primera hipótesis es que, por más que se haya adoptado un nuevo marco normativo, los legados institucionales (prioridad estatal baja en el tema de la violencia de género) generan una continuidad en la forma cómo se organiza la atención a las víctimas. La segunda hipótesis considera que el nuevo marco normativo y la presión ciudadana generada con el movimiento “Ni Una Menos”, han generado una mejor capacidad estatal para atender a las víctimas. La tercera hipótesis considera que esta mejora es dispar, y que las deficiencias serán más severas en instituciones creadas en contextos menos democráticos e igualitarios, mientras burocracias nuevas tendrán una aproximación más igualitaria y sensible a las víctimas, y por eso una mayor capacidad de atender a las víctimas de manera satisfactoria.

Vinculación a la política pública

La investigación apunta a contribuir análisis y recomendaciones al gran esfuerzo actual del gobierno en materia de lucha contra la violencia de género. Los resultados de la investigación podrán ser útiles para los diferentes sectores responsables de la atención a las víctimas de violencia de género—Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público, dado que presentarán una visión de conjunto de los servicios de atención estatal, enfatizando las brechas territoriales en el acceso, y un análisis de importantes obstáculos o limitaciones experimentadas por las víctimas que son atendidas.