Durante muchos años la legislación laboral peruana ha segmentado el mercado laboral otorgando a un grupo de trabajadores -usualmente sindicalizados del sector privado, trabajadores de empresas privadas grandes y medianas, trabajadores de empresas estatales y empleados de la administración pública- un conjunto de beneficios que los distinguía de los trabajadores del sector informal. En muchos casos, los ingresos de estos trabajadores mas sus beneficios laborales estaban por encima de su productividad. Los mecanismos de protección al empleo -la indemnización por despido arbitraria y la estabilidad laboral- y los beneficios sociales -pensiones, seguros de salud, vacaciones, etc. - generaban costos directos y costos de transacción que no podían ser solventados por muchas empresas y trabajadores.
Este esquema era viable en empresas privadas que transferían a sus trabajadores parte de las rentas generadas en los oligopolios productivos y financieros establecidos desde los años setenta. Estas utilidades extraordinarias eran en parte posibles debido a la estructura distorsionada de precios relativos que otorgaba la protección comercial.
Estos beneficios también eran percibidos por algunos trabajadores del sector público que trabajaban en empresas con restricciones de presupuesto blandas, y que podían incurrir en déficits, ya que éstos eran finalmente financiados por déficits fiscales inflacionarios. Así, en el fondo, estas rentas eran financiadas por los consumidores y por los trabajadores del sector informal que quedaban absolutamente desprotegidos. En cierta forma, se otorgó a un grupo de trabajadores beneficios que la economía peruana no era lo suficientemente rica ni productiva para solventar. Siendo el Perú una economía en la que la productividad no ha mostrado una senda de crecimiento de largo plazo, los “derechos adquiridos” de algunos trabajadores formales terminaron siendo transferencias de ingresos del resto de la sociedad hacia ellos.
Dentro del conjunto de beneficios que brindaba la legislación laboral se incluían la estabilidad laboral absoluta y elevados pagos de indemnización por despido injustificado. Estos costos de despido, al ser percibidos por las empresas como un impuesto al despido, aumentaban el precio relativo del factor trabajo y lo convertían en un elemento cuasi-fijo de los costos de producción. Un primer mecanismo de ajuste a la existencia de estos costos ha sido el uso de contratos informales de trabajo. Así, en economías en desarrollo, los cambios en los costos de despido pueden tener un impacto más importante sobre la composición del empleo, que sobre el nivel del empleo global.
El mercado de trabajo peruano se fue flexibilizando de ipso durante los ochentas y se ajustó a las diferencias entre productividad e ingresos a través de diversos mecanismos. Los elevados costos de despido llevaron a disminuir la demando de mano de obra formal y, presumiblemente, su velocidad de ajuste a cambios en el nivel de producción. Asimismo, una parte cada vez mayor del empleo, generalmente el de menor productividad, se creó en el sector informal. De otro lado, los desbarajustes macroeconómicos de fines de los ochenta, y el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones hicieron evidente la inviabilidad de este modelo. Muchas empresas no eran lo suficientemente productivas como para sobrevivir en esquemas más competitivos y menos aún podían cumplir con los beneficios extraordinarios que recibían los trabajadores formales.
En 1991, se inició un proceso de cambios en la legislación laboral que ha hecho que el Perú sea uno de los países que más ha flexibilizado su mercado de trabajo durante los noventa. Estos cambios se dieron en el contexto de uno de los procesos de apertura comercial más rápidos de la región, de fomento a la inversión directa extranjera y de reducción del tamaño del sector público. Las reformas permitieron una reducción importante en los costos de despido, principalmente debido a la abolición de la estabilidad laboral y su reemplazo por la protección contra el despido arbitrario, lo cual redujo el nivel y variabilidad de los costos en que se incurría por separar a un trabajador. La indemnización por despido arbitrario fue reducida inicialmente, aunque hubo un incremento importante en 1996. Asimismo, se amplió la gama de modalidades contractuales disponibles al facilitarse el uso de contratos temporales, y establecerse contratos dirigidos a jóvenes con menores costos no saláriales. Otras formas laborales redujeron el rol del Estado como árbitro en las negociaciones colectivas, establecieron la negociación a nivel de planta y permitieron la formación de más de un sindicato por empresa. Asimismo, se ordenó la legislación relativa a la Compensación por Tiempo de Servicios y se estableció un vínculo claro entre las aportaciones de un trabajador y su pensión, al reemplazarse el sistema público que utilizaba fondos corrientes para pagar pensiones por un sistema privado de capitalización de cuentas individuales.
En este trabajo se analiza la evolución y el impacto de los componentes del costo de despido, determinados por la interacción de la legislación sobre estabilidad laboral, la indemnización por despido arbitrario y el período de prueba sobre el mercado laboral peruano. Se analiza cómo las rigideces introducidas por los elevados costos de despido alteraron la respuesta del empleo al producto. Asimismo, se revisa cómo los mecanismos alternativos de ajuste del mercado de trabajo afectaron su estructura y composición. En particular, se analiza la informalización del empleo y el uso intensivo de contratos temporales. En el caso peruano, es interesante notar que el uso de contratos temporales se intensificó inclusive luego de la flexibilización del mercado de trabajo.
Finalmente, se hace un análisis de los efectos de estos cambios legislativos sobre la duración del empleo.
En la sección 2 se revisa brevemente las reformas laborales llevadas a cabo a partir de 1991. En la sección 3 se realiza una descripción más detallada de los cambios legislativos que han afectado a los determinantes de los costos de despido: la estabilidad laboral, el periodo de prueba y el pago de indemnización por despido. En la sección 4 se analizan los efectos de los costos de despido sobre el mercado de trabajo. En particular, se discuten los cambios en el tipo de ajuste del empleo a las variaciones del producto, la utilización de contratos temporales, el comportamiento del sector informal y los cambios en la duración y rotación del empleo. La sección 5 contiene las reflexiones finales del documento.
