LOS PRIMEROS CINCO años del tercer milenio en el Perú han sido de gran expectativa; pero, al mismo tiempo, de enorme desencanto en el plano laboral. Según datos del BCR, la tasa anual promedio de crecimiento del PBI es de 3.50 %, del 2000 al 2004, gracias al dinamismo de las exportaciones y se está recuperando el empleo formal. Sin embargo, esto no parece ser suficiente, pues la pobreza no cede y de hecho el subempleo y la informalidad han crecido en los últimos años. Traducir crecimiento en bienestar es complicado y, actualmente, se discute mucho sobre cómo hacerlo. La estrategia del gobierno ha sido esperar que la economía crezca lo suficiente como para que haya un chorreo hacia la población; entre tanto, ha mantenido programas sociales existentes y ha anunciado un nuevo programa de subsidio directo condicionado. El mercado de trabajo no ha sido un elemento central en la estrategia gubernamental actual de lucha contra la pobreza. Esta es una realidad ciertamente preocupante, ya que en una economía de mercado es el mercado de trabajo el encargado de traducir crecimiento en bienestar y, si el crecimiento no gotea o no chorrea, es porque algo pasa en el mercado de trabajo. A esto hay que añadir que la mayoría de los hogares peruanos no tiene más ingresos —cuando los tienen— que aquellos que provienen del mercado laboral. El mercado de trabajo puede ser un espacio de realización, crecimiento y desarrollo personal para muchos, pero también puede ser un espacio de frustración o insatisfacción para otros, especialmente para quienes no tienen las características demandadas por los sectores más dinámicos o que explican el crecimiento de la economía. En un contexto en que el que explican el crecimiento de la economía. En un contexto en que el crecimiento es insuficiente, problemas como la baja empleabilidad de ciertos grupos así como la existencia de mecanismos de exclusión y discriminación en el empleo generalmente explican por qué solo ciertos segmentos se benefician del crecimiento. En otras palabras, cuando el tipo de crecimiento genera pocas oportunidades, los mecanismos de exclusión —por edad, género, educación, raza, apariencia, procedencia— generan inequidad y descontento. No es una sorpresa, entonces, que, en medio de un periodo de casi cincuenta meses de crecimiento continuo, se haya ido del país más de un millón de peruanos. Más aún, dos de cada tres jóvenes se iría del país si tuviera la oportunidad.

Cambiar esta situación requiere medidas tanto en la economía en general como en el mercado de trabajo en particular. No es el propósito de este libro discutir todos estos temas, pero queda claro que la agenda laboral de los próximos años debe discutir si el tipo de crecimiento observado en estos años, a partir de las exportaciones —primarias en su mayor porcentaje —, es suficiente para generar empleo y bienestar para las mayorías. Asimismo, se debe discutir el o los roles del Estado en el funcionamiento del mercado de trabajo, más allá del eterno debate de los costos laborales del sector asalariado formal.

La acción del Estado en los últimos años se ha concentrado fundamentalmente en intervenciones específicas, justamente en el marco del rol promotor que le corresponde en el mercado laboral. Este rol está asociado precisamente a atender situaciones de desventaja de ciertos grupos —a veces mayoritarios— sea como consecuencia de baja empleabilidad (por carencia de educación, formación o experiencia) o como consecuencia de mecanismos de exclusión o discriminación. La estrategia operativa en los últimos años ha tomado la forma de programas focalizados.

Dos de los programas más interesantes, tanto en términos presupuestales como de funcionamiento, son el Programa A Trabajar Urbano (ATU) y el Programa ProJoven. En el presente libro, además de una revisión de la situación y de las tendencias actuales del mercado de trabajo, presentamos un análisis detallado de estas experiencias, su racionalidad y su impacto. Los textos que se presentan en los capítulos 2 y 3, respectivamente, fueron elaborados en diferentes contextos y momentos, pero ambos comparten el hecho de ser documentos analíticos y de evaluación. Por tanto, analizan tanto sus fortalezas como sus límites y, al mismo tiempo, discuten perspectivas para el futuro en cada caso.

El primero de ellos, que se discute en el capítulo 2, presenta un análisis del 1er año del programa ATU creado por este gobierno como medida de urgencia ante los problemas laborales que experimentaba el mercado de trabajo hacia el año 2001. Fue, además —como recuerda Fernando Villarán en el prólogo a este libro—, una promesa de campaña del actual gobierno. Este programa ha mostrado no solo resultados interesantes, sino una forma de trabajo distinta a las que se suelen utilizar en experiencias de este tipo: gran parte de las decisiones del programa —quién participa, qué proyecto específico se apoya— no las realiza un funcionario del programa, sino la propia población a través de un mecanismo de consulta. Aún así, consideramos que mecanismos de este tipo deben ser profundizados para evitar problemas de uso no técnico de estos proyectos.

En el caso del Programa ProJoven, creado en 1996, ocurre algo similar. El esquema de administración funciona a través de concursos y de la focalización, no solo para que los jóvenes más necesitados accedan al programa, sino también para que las entidades de capacitación más idóneas sean las que otorguen esta capacitación. Los resultados en términos de retornos a la capacitación alcanzados por ProJoven prueban que estos programas son socialmente muy útiles y efectivamente son una respuesta a los problemas de ciertos grupos de jóvenes. Este gobierno ha impulsado el crecimiento de este programa a través de un crédito con un organismo internacional.