Los derechos humanos han sido definidos como “el conjunto de facultades e instituciones que concretan las exigencias de la dignidad, la libertad e igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”.1 A lo largo de la historia, se han conquistado derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad, a participar en la vida política de la sociedad. En las últimas décadas, se ha definido un conjunto de derechos económicos, culturales y sociales, entre los cuales se halla el derecho a la salud.

El derecho a la salud puede definirse como aquel en virtud del cual la persona y los grupos sociales —especialmente la familia— deben gozar del más alto estándar posible de salud física, mental y social. Este derecho involucra la garantía de disponibilidad y acceso universal a servicios de salud de calidad, pero también la intervención de la sociedad para asegurar que los distintos determinantes de la salud contribuyan a la continua mejora de ésta. Constituye deber del Estado asegurar el acceso a servicios de salud en los que se brinde un trato digno, respetando la cultura de las personas y aportando información veraz, oportuna y completa sobre cada proceso personal y acerca de las características del servicio. El Estado también debe atender debidamente las causas que condicionan el estado de salud de nuestra población.

Sin embargo, existe todavía una gran brecha entre la visión de unos derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes y la realidad de muchas sociedades como la nuestra, especialmente en lo que se refiere a los derechos sociales.

En comparación con lo ocurrido con los derechos civiles y políticos, ha existido un desigual desarrollo de los derechos sociales, como el derecho a la salud. Este último tiene todavía una limitada visibilidad: una mayoría desconoce tanto su categoría de derecho como sus contenidos, y aun conociéndolos, existe un alto grado de “tolerancia social” ante su falta de realización, especialmente cuando los afectados forman parte de la población pobre y excluida. En repetidas ocasiones, pareciera que la muerte de una gestante proveniente de una zona rural, al no acceder a un servicio de salud, no constituye “noticia” ni llama a indignación social.

A los retos anteriores se agrega un mayoritario desconocimiento de los mecanismos de exigibilidad del derecho a la salud, tanto por la población como por los propios trabajadores de salud, desconocimiento que va de la mano con el desafío que plantea su adecuación a contextos diversos en los que estos mecanismos ven limitada su eficacia.

El estudio “Exigibilidad del derecho a la salud. Acceso a atención, tratamiento e insumos en salud sexual y reproductiva y VIH-sida”, desarrollado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y por el Instituto de Educación y Salud (IES), aborda los retos de la exigibilidad del derecho a la salud en el Perú, sobre la base una aproximación interdisciplinaria a los aspectos jurídicos y legales del tema y a partir de la recreación de casos que permiten contrastar lo establecido en las normas con su aplicación real.

La investigación se enriquece, además, incorporando la perspectiva de las personas afectadas, lo que contribuye a un mejor entendimiento de la experiencia vivida tanto durante la situación de vulneración del derecho como durante el proceso de exigibilidad.

La promoción, protección y garantía del derecho a la salud son temas todavía emergentes en nuestro país. Es la intención del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), de la Defensoría del Pueblo y de CARE-Perú que el presente estudio contribuya a una mejor difusión y entendimiento de estos temas, y que la evidencia aquí ofrecida aporte a la formulación y adecuación de normas legales y políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de todas las peruanas y peruanos.

ARIEL FRISANCHO ARROYO
Coordinador Nacional
Proyecto “Mejorando la Salud
de los Pobres: Un Enfoque de Derechos”
CARE-Perú