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Marco normativo de la descentralización debe ser modificado

 
Portada del número 27
Cies: Nuevos conocimientos para mejores políticas

Autor: Resumen del Informe del Grupo de Trabajo encargado de evaluar el Proceso de Descentralización

Con arreglo a la Ley de Gobiernos Regionales, la Comisión de Descentralización del Congreso ha emitido un informe de evaluación del proceso exponiendo sus conclusiones y recomendaciones. El informe constituye una referencia obligada para el trabajo legislativo en el próximo periodo, por la diversidad de opiniones políticas y técnicas que recoge y dado que en menos de tres meses se realizará cinco referendos que cambiarían el mapa del país.

El texto parte recordando la propuesta constitucional de que la descentralización sea una política permanente y obligatoria de Estado, necesariamente de largo plazo y que tenga como objetivo el desarrollo integral en democracia. Desde el punto de vista económico, señala que el crecimiento descentralizado debería contribuir a diluir la concentración de las actividades en Lima. Para esto, es muy importante aprovechar las potencialidades de cada región y localidad; con mecanismos que permitan desarrollar la competitividad de cada zona de acuerdo con sus particularidades. Sin embargo, el informe señala que la preocupación sobre este aspecto durante los últimos cuatro años ha sido relativa.

Aunque los avances se han dado en términos de reforma del Estado, es necesario dar mayor estabilidad política y jurídica al proceso, así como preparar las condiciones para que éste incluya tanto al Estado como al sector privado y los agentes productivos y sociales. Las primeras concreciones del proceso de conformación de regiones deberían contribuir con la estabilidad necesaria para continuar adecuadamente con el proceso de descentralización. Esta fase quedará definida después del referéndum programado para el 30 de octubre del presente año. Al constituirse las regiones se podrán evitar contramarchas en el proceso, y en términos institucionales coexistirán las regiones constituidas, los gobiernos regionales en jurisdicciones departamentales y las Juntas de Coordinación Interregional. Sin embargo, la importancia de este referéndum no es aún percibida por la ciudadanía ni por importantes sectores del gobierno. Se cree que esto se debe principalmente a la ausencia de un amplio proceso de difusión y concertación; pero también a la necesidad de precisar los incentivos económicos así como el diseño institucional de las regiones conformadas.

Sin embargo el referéndum no es suficiente. El proceso de descentralización responde a un modelo inédito y a una experiencia nacional que requiere adecuarse permanentemente conforme se desarrolla. El informe muestra como el proceso de descentralización debe ser perfeccionado en distintos aspectos, como por ejemplo el jurídico. Menciona que es necesario modificar el marco normativo, empezando por la propia Constitución, ya que el esquema de representación de los Consejos Regionales fue pensado para ámbitos departamentales y no funcionaría de la misma manera para ámbitos regionales. Un ejemplo de esto es que la organización actual concentra las funciones políticas y administrativas en el presidente regional, lo que recarga sus funciones y le resta atención a la dirección política y la preocupación estratégica por la competitividad territorial. También es importante promover la desconcentración al interior de los gobiernos regionales para que no reproduzcan el centralismo que se pretende erradicar.

Por otro lado, en términos de presupuesto, una de las principales preocupaciones de los gobiernos regionales ha sido la transferencia de recursos desde el gobierno central. Si bien estos recursos efectivamente se han incrementado, las transferencias llegan a las regiones con condiciones de uso bastante rígidas, lo cual limita los grados de libertad y la capacidad de gestión financiera de las autoridades. Es bueno precisar también que esta no es la única limitante en términos de gestión ya que se han identificado problemas relacionados con las capacidades administrativas y de gestión de las autoridades.

Otro de los problemas identificados por la Comisión está relacionado con la transferencia de competencias del gobierno central a los gobiernos regionales. La ausencia de planeamiento en este aspecto ha ocasionado desorden y desarticulación en el proceso y lo ha convertido en algo meramente formal. Los plazos legales establecidos para la transferencia en términos de capacitación y competencias no se han cumplido. Este problema es grave dado que la transferencia de capacidades y funciones es uno de los principales pilares del proceso de descentralización. Sin esa transferencia, será imposible fortalecer las capacidades de gestión de cada región, o contar con instituciones regionales fuertes que a través de sus políticas fortalezcan la competitividad regional y fomenten el desarrollo integral para así superar la pobreza.

Todo esto permite concluir que el organismo encargado de la conducción del proceso de descentralización, el Consejo Nacional de Descentralización (CND), no ha cumplido con sus principales objetivos. A raíz de esto, el proceso de descentralización ha ido perdiendo correlación política por parte de los actores políticos y los órganos de estado encargados de impulsarlo. Por ejemplo, un problema que se ha hecho evidente en el CND es que sus estructuras no tienen ninguna relación con las funciones que se le asignan.

El informe presenta además otras recomendaciones para el proceso, entre ellas, fomentar la inversión privada descentralizada, evitar la fuga de capacidad empresarial de las regiones y promover una actitud pro-activa para desarrollar inversiones y proyectos productivos en las regiones, la misma que implicaría mayores posibilidades de crecimiento. Por otro lado, se recomienda que en las regiones constituidas se separe la función política de la función administrativa a nivel de gobierno regional. Se propone también la creación de un nuevo sistema de capacitación descentralizado en el que los gobiernos regionales sean los protagonistas, a la vez que se desarrollan alianzas estratégicas con entidades educativas regionales. Finalmente, se propone fomentar la participación ciudadana en el control y fiscalización de la gestión pública y, por ese medio, mejorar la relación gobierno-población a fin de que se abran los espacios para la innovación y la participación de la ciudadanía.

[1] El Grupo de Trabajo forma parte de la Comisión de Descentralización, Regionalización y Modernización de la gestión del Estado. Aunque se anunció que próximamente se editará del conjunto de materiales trabajado, es posible acceder al documento parlamentario completo en :
http://www.congreso.gob.pe/cip/temas/proceso_descentralizacion/Informe_Final.pdf

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