Austeridad salarial en la bonanza fiscal

Elmer Cuba  (Macroconsult) (1)

El contenido del discurso presidencial y la composición del gabinete reflejan el resultado de la segunda vuelta electoral. La presencia de miembros del partido de gobierno (y de personas cercanas al mismo) en ministerios que controlan la mayor parte del gasto e inversión pública, refleja las intenciones de cara al proceso electoral de noviembre.

En general, el mensaje de García junto con su nuevo gabinete ha tenido una buena aceptación en la población y en los mercados.  Gestos como la austeridad contribuyen a ganar gobernabilidad y cambiar la percepción de la población sobre el sistema político. Asimismo, el shock de inversiones sociales también contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población más pobre.

Sin embargo, en un excesivo intento de ganar aplausos fáciles se han prometido nuevas exoneraciones y una mayor presencia financiera estatal en el sector micro empresarial y agrario. Esperemos que el gabinete ministerial filtre técnicamente las buenas intenciones políticas y proponga alternativas de intervención superiores a la simple exoneración y crédito
masivo.

Las primeras medidas de austeridad tomaron forma en el DU 020-2006, el cual establece los límites para los ingresos de los funcionarios públicos, así como otras medidas de austeridad en el gasto de bienes y servicios. Los recortes salariales finalmente llegarían a todas las dependencias públicas, abarcando a los organismos autónomos, empresas públicas y el poder judicial. La norma establece un tope de S/. 15,000 mensuales para funcionarios de la administración pública del Ejecutivo; por todo concepto, modalidad contractual y forma de financiamiento. Por otro lado, el Presidente ha fijado su sueldo en S/. 16, 000 y el de los congresistas en S/. 15, 600 por todo concepto.

Lamentablemente, el gabinete no ha podido atenuar el impacto de la reducción salarial en la élite de la burocracia estatal. Si se mantiene la nueva normativa, en lugar de fortalecer al estado generando una carrera pública que atraiga a los mejores, se podría estar causando un gran daño al sector público. No sólo se ahuyentaría a los mejores técnicos y funcionarios, sino que incluso desalentaría a los jóvenes servidores públicos que verían con mejores ojos pasarse al sector privado. No se puede jugar con la estructura salarial del sector público sin estudios previos, que hasta donde sabemos no existen.

En principio, las principales autoridades afectadas serían los presidentes, gerentes generales y directores generales de cada entidad. El ahorro público por estos conceptos salariales no sería significativo en términos económicos, pero sí en términos políticos. Sin embargo, en términos de señales laborales microeconómicas sería negativo. Una baja diferenciación salarial en los mayores puestos de cada institución no resulta una buena política para el esfuerzo y responsabilidad en los distintos cargos.

 La austeridad salarial en nombre de la equidad puede terminar perjudicando la eficiencia del sector público peruano. Si ello ocurre, esta medida habría sido puramente política con ganancias de muy corto plazo.

 Es probable que comiencen las excepciones y se dé marcha atrás en los próximos años, pero con innecesarias alteraciones de puestos técnicos de la administración pública. Una reducción de menor magnitud quizás hubiese sido lo más sensato, pero la magnitud que estaría tomando puede causar  que los mejores profesionales se alejen en el largo plazo.

 (1) El autor es investigador principal de Macroconsult.