|
Autor: José Luis Sardón
(UPC*)
 La rebelión de Antauro Humala en Andahuaylas le ha costado la vida a cuatro valientes policías peruanos, que no dudaron en ir hasta las últimas consecuencias en la defensa del orden constitucional. No ha sido, pues, cosa de broma. Ahora bien, aunque dicha rebelión ha sido ya bastante analizada, hay dos aspectos vinculados a ella a los cuales, creo, no se les está queriendo prestar suficiente atención. El primero es la coincidencia de Humala con cierto mesianismo andino del gobierno.
Como se sabe, la ideología —de alguna manera tenemos que llamarla— de Humala, el “etnocacerismo”, tiene un fuerte componente de política étnica. Humala ha pretendido reivindicar, con su descabellada rebelión, a la raza indígena. Lamentablemente, ese mismo afán de reivindicación étnica ha estado también presente en la retórica del gobierno —sobre todo, en los labios de la Primera Dama de la Nación, Madame Eliane Karp de Toledo. Acaso no se ha tenido conciencia de que, al hablar de “quinientos años de opresión”, culpar de nuestros males a los “blanquitos de Miraflores” y colgarse una chakana en el pecho, se estaba abonando el terreno para la aventura de Humala.
El segundo aspecto del que no se quiere hablar mucho es el alto nivel de aprobación que la rebelión de Humala tiene en la opinión pública. Según una encuesta reciente de la Universidad de Lima, llega a 34%. ¿Cómo explicarlo? A mi modo de ver las cosas, la salida fácil es levantar el índice acusador contra la falta de cultura democrática de los peruanos. No creo que no exista dicha carencia, pero considero que hay otros aspectos a tomar en cuenta.
En cierta medida, lo que explica el nivel de aprobación de la aventura de Humala es la ausencia de gobierno que se viene experimentando desde el 2001. Al igual que otras veces, hemos vuelto a pasar de un gobierno demasiado fuerte a otro demasiado débil. Evidentemente, esta situación se origina en que no se prioriza debidamente la provisión de bienes públicos, pero también en el extravagante juego político que se desarrolla en el Congreso de la República.
Quien se dé una vuelta por los conos de Lima, por ejemplo, encontrará cómo han proliferado las rejas, las vallas y los rompemuelles. No hay casi manzana en la que no se tenga algún tipo de protección vecinal contra la delincuencia común. La inseguridad generada por el terrorismo en los 1980s y 1990s ha sido sustituida en estos años por la generada por la delincuencia común. Los linchamientos estilo fuenteovejuna son otra reacción crispada al respecto.
En ese contexto, el comportamiento errático del Congreso de la República —incapaz de castigar debidamente los desmanes de algunos de sus miembros— ha terminado configurando el caldo de cultivo propicio para un oportunista como Humala. Como se sabe, el 29 de octubre de 2000, cuando el gobierno de Fujimori agonizaba, Humala —valiente él— organizó una primera rebelión. Lamentablemente, el jacobinismo subsiguiente lo amnistió. En todo caso, debemos tener claro que revertir esta situación pasa no sólo por castigar con todo el peso de la ley a Humala y sus compinches sino también por una profunda reestructuración de la política peruana.
* Director Ejecutivo de la Sociedad de Economía y Derecho UPC.
|
