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¿Debe el sector agropecuario tener un régimen tributario especial?

 
Portada del número 40
Cies: Nuevos conocimientos para mejores políticas

Luis Alberto Arias (PUCP) (1)

¿Debe tener el sector agropecuario un régimen especial? ¿Las exoneraciones existentes son la solución al problema o lo agravan? ¿Se puede mejorar la política tributaria aplicada al agro? El régimen tributario aplicado actualmente tiene inconvenientes:

a) Es imposible pensar que los pequeños productores puedan cumplir con las complejas normas del impuesto a la renta.

b) Dadas las características económicas del sector, el IGV de 19% es trasladado completamente al productor, lo cual reduce sus ingresos. La exoneración no es la solución. Siendo el IGV un impuesto que grava el valor agregado y que se aplica en toda la cadena de producción y comercialización, el productor debe cargar al costo el IGV pagado en las compras.   

c) Las exoneraciones se aplican por tipo de producto, por región y por tamaño de contribuyente.   

d) Los regímenes para pequeños contribuyentes no resuelven el problema porque no se adaptan al sector. El RER es conveniente solo si la rentabilidad es superior al 17%, algo poco plausible. El RUS impide al productor entregar factura.

¿Existe alternativa? Al diseñar la política tributaria debe separarse la paja del trigo. En primer lugar, no existen razones para que la agricultura moderna y rentable tenga un tratamiento preferencial distinto a otros sectores. Por otro lado, los pequeños productores agropecuarios (PPA) si deberían tener un régimen especial, debido a la baja rentabilidad, así como a su bajo nivel educativo para entender y cumplir con un régimen tributario complejo.

En el caso del impuesto a la renta (IR), el sector agropecuario debe tributar de acuerdo a las normas generales. Sin embargo, en el caso del PPA, este debería pagar el IR con base a un porcentaje pequeño del valor de su predio. Alternativamente, puede aplicar el IR determinándolo a partir de un balance simplificado. Este sistema se aplica en Chile con buenos resultados.

En el caso del IGV, las exoneraciones deben ser eliminadas. Los bienes actualmente exonerados deben empezar pagando tasas pequeñas: 2% o 3%. El aumento debe ser gradual. Los PPA no deberían preocuparse de entregar facturas, llevar libros y presentar declaraciones. El IGV debería ser declarado y pagado por los compradores. Además, para asegurar la neutralidad del IGV, los PPA deberían tener derecho a la devolución del IGV pagado en sus compras. Esto podría realizarse de manera simple aplicando un porcentaje a las ventas. Naturalmente, tendrían que haber algunos requisitos para devolver. Por ejemplo, asegurar que sus ventas hayan sido declaradas y pagadas por los compradores. El productor debería exigir el comprobante de retención.    

 ¿Es el régimen propuesto fácil de administrar? La principal dificultad es su aplicación  a un millón de pequeños productores. Por ello el primer paso es empezar por un censo, lo cual debe ser tarea del INEI, la SUNAT, del Ministerio de Agricultura y de los gremios. La información existe, solo es cuestión de coordinar entre instituciones y organizarse.   

       

[1] Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Univeridad Católica del Perú 

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