Régimen tributario para el agro

Laureano del Castillo (CEPES)  (1)

Tras varios años de trato disperso e incoherente a la agricultura, el Congreso intenta revisar la enmarañada legislación tributaria vinculada a esta actividad. El debate se inicia en medio de un contexto desafiante para los agricultores, como es el avance de la globalización y en especial, la inminente aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Se logrará en esta ocasión una normatividad adecuada para este importante, pero complejo sector de la economía nacional?

A la Comisión Agraria del Congreso acaba de ingresar el proyecto de Ley Nº 603-2006, presentado por la bancada aprista, que propone regular un régimen especial tributario para el sector. En la actualidad existe un conjunto disperso, complicado y muy variable de normas legales (leyes y decretos) dirigidas sobre todo a la agroexportación. También contamos con normas dirigidas a los pequeños agricultores y campesinos, pero de escasa aplicación.

¿Qué explica el relativo fracaso de las normas tributarias destinadas a los pequeños agricultores? El principal factor es la falta de rentabilidad de la agricultura, agravado por la pobreza de nuestros agricultores y campesinos. Para la SUNAT y otros, la explicación está del lado de la informalidad. En efecto, sobre un universo teórico de contribuyentes de alrededor de 1´800,000, habría solo 58,000 productores agrarios inscritos como contribuyentes; de los cuales apenas cerca de 8,000 presentan Declaración Jurada de Impuesto a la Renta, pero menos de la cuarta parte declaran utilidades, y por lo tanto pagan dicho impuesto. Sin embargo, no se menciona la complejidad de las formalidades - agravada por el analfabetismo -, ni las grandes distancias que deben cubrir los agricultores para cumplir sus obligaciones tributarias. Tampoco el hecho de que la agricultura no genera ingresos todos los meses, sino de forma estacional.

El proyecto mencionado parte de un buen diagnóstico de la realidad rural, reconociendo que la inmensa mayoría de los productores agrarios son personas naturales (97%) y que sólo habían cerca de 2 mil empresas según el Censo de 1994. También resulta importante conocer que el 92% de las unidades agropecuarias tiene menos de 20 hectáreas.

Aunque el proyecto contiene interesantes propuestas, creemos que requiere de mayor discusión para mejorarlo y de este modo, poder avanzar progresivamente en la formalización de los agricultores. Descartando exoneraciones de impuestos, se contempla establecer un mecanismo de devolución del IGV y, entre otras medidas, estimular la inversión y reinversión en los predios agrarios, incluyendo la inversión de terceros con beneficios tributarios. Asimismo, se considera el cierre del ejercicio fiscal para los agricultores el 30 junio de cada año.

Siendo necesaria una mayor discusión, creemos importante que los legisladores atiendan algunos principios de la tributación para lograr un marco tributario coherente y sostenido. El principio de equidad da cuenta de la relación entre los tributos y la capacidad económica de los contribuyentes; el principio de igualdad exige tratar igual a los iguales, pero considerar también sus diferencias; el principio de simplicidad apunta a tener un régimen ordenado y coherente, que evite la evasión.

[1] El autor es responsable de la Línea de Asesoría Legal del Centro Peruano de Estudios Sociales.