La evaluación docente

La aprobación oficial del Proyecto Educativo Nacional (PEN) y la  evaluación nacional  son  hechos fundamentales para el desarrollo profesional docente, aspecto indispensable de la de la realización del PEN.

Aprobar el  PEN debe impulsar la modificación de la agenda educativa y la manera de abordarla. Sobre el último punto se puede afirmar que el gobierno y el SUTEP fijaron su agenda  desconociendo  los diálogos ciudadanos, las leyes, el proyecto de Carrera Publica Magisterial, en el clásico  borrón y cuenta nueva  y, además,  encararon esa agenda con estilos políticos tradicionales. Esta situación explica, en parte, el cúmulo de conflictos que generó la  abrupta decisión de evaluar a todos los alumnos del país y a los docentes de la educación pública.

Además hay errores como el hecho que se dicte una directiva política general del Presidente (como el énfasis en la evaluación)  y,  a la vez se impida que sea el MED quien  defina su  implementación  en  condiciones políticas, pedagógicas  y operativas adecuadas. En reconocimiento al MED hay que decir que logró  cambiar la evaluación de todos los alumnos de la educación básica del país (cerca de 7 millones) por la evaluación de los alumnos de segundo grado. A la vez, es cuestionable la validez de la  prueba en castellano, en segundo grado,  para las poblaciones  de lengua materna no castellana en la medida que representa una contradicción con el diseño curricular actual.

Por su parte el SUTEP  ejerció su derecho de criticar  la forma de la evaluación  de los docentes,  pero se excedió al tratar  de impedir su realización, contraviniendo la voluntad de muchos docentes y  debilitando el rol del MED en la política educativa.

Se pudo evitar la evaluación censal en la medida de que lo previsto en el 2007  era una capacitación a 35 547 docentes. ¿Si no habrá capacitación universal según el plan del MED,  para qué la prueba universal? Por lograr un hecho espectacular fundacional se unió "prueba nacional" con un operativo simultáneo, facilitando el boicot, en lugar de hacerlo por etapas.

Otra razón, en este caso pedagógica, para una evaluación diferente, era validar  la prueba  antes de su aplicación masiva y costosa. Solo así se puede saber si el instrumento proporciona la información deseada.

La  reiterada afirmación de que la evaluación no es punitiva,  no es coherente con  anunciar que no dar la  prueba implica la perdida de la capacitación. No  capacitar al docente  significa bloquear su posibilidad de obtener nombramiento y  ascenso de nivel. Por el interés superior del alumno, la capacitación de todo docente con aula es  obligación del Estado. Se puede, como alternativa,  dar un puntaje por la rendición de la prueba,  que sea valida en los próximos concursos de plazas o de ascensos,  en lugar de impedir la capacitación.

Para  avanzar en la realización del PEN, necesitamos valorar  que la formación docente en profundidad, es  una de las claves para la sostenibilidad del cambio educativo, y  como ha dicho Shona García, una "exquisita formación profesional" es el sostén del desarrollo del pensamiento, la identidad y la ética  como procesos formativos complejos.