Conducción de la descentralización: entre la concentración y la concertación

El gobierno decidió la desaparición del Consejo Nacional de Descentralización mediante decreto. Para justificarse ha dicho que se trataba de una oficina que ejercía un rol de intermediación innecesario y costoso, con una desproporcionada cantidad de funcionarios con altos sueldos. Asimismo, que al suprimir esta instancia, el Presidente del Consejo de Ministros tiene la mejor disposición de dialogar con las autoridades regionales y locales.

Desde hace varios años, diversas instituciones hemos venido señalando la necesidad de producir un cambio profundo en la composición y en la lógica de funcionamiento del CND. El tema en discusión es, por tanto, sobre el sentido y las características del cambio. La posición del gobierno está clara en el decreto: concentrar la responsabilidad de la conducción en el gobierno central y, en particular, en la PCM.

Coincidiendo con un significativo número de autoridades regionales y municipales, así como con otras redes de la sociedad civil, Propuesta Ciudadana ha insistido en que el cambio debe buscar la consolidación de una instancia intergubernamental de concertación para la conducción de la descentralización. Son dos posiciones y concepciones claramente diferenciadas y muy poco tienen que ver con los temas administrativos en los que el gobierno ha intentado centrar el debate.

No se trata de la voluntad del gobierno de reunirse con las autoridades regionales y municipales. Esto debe hacerse de manera cotidiana para dialogar sobre los problemas y temas de interés de cada uno de estos espacios. Para hacerlo no necesita excluir a las regiones y municipalidades de la conducción del proceso descentralista. No se trata de la buena disposición del Presidente del Consejo de Ministros para recoger opiniones sino de la institucionalización de un espacio en el que se construyan acuerdos y se tomen decisiones mediante el intercambio horizontal de ideas y propuestas.

La descentralización requiere de una visión nacional, ya que está en curso una propuesta que significan cambios en el Estado, la sociedad y la economía. La descentralización fiscal, la transferencia de competencias y funciones, los procesos de coordinación e integración regional y local, así como la distribución de roles en políticas sectoriales claves como la educación, son temas que requieren de propuestas concertadas entre los tres niveles de gobierno y no sólo de la inclinación del gobierno central por el diálogo, pero reservándose la capacidad de decidir.

Es importante no perder de vista también la forma como se ha tomado la decisión. Se han hecho cambios en un tema fundamental para la descentralización sin ningún diálogo con las autoridades regionales y locales, sin involucrar al Congreso y sin recoger las opiniones de diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Es cuestionable, además, que se modifique una ley orgánica con un decreto supremo, poniendo por encima del respeto al marco jurídico, una supuesta eficiencia en la toma de decisiones.

Nos parece necesario encontrar una salida a la situación creada por el gobierno. Ésta debe ser concertada e incluir dos aspectos básicos: la derogatoria del decreto formulado de manera unilateral e ilegal y la modificación del agotado esquema anterior por una propuesta que fortalezca la representación de los tres niveles de gobierno en un Consejo de Estado para la Descentralización. A este acuerdo político se debería agregar la transferencia de los recursos que tenía la oficina ejecutiva del CND, para fortalecer la presencia y participación de los gobiernos regionales y locales en la nueva instancia, así como para consolidar las Juntas de Coordinación Regional.