Medidas urgentes para mejorar la situación del empleo en el Perú

Mejorar la situación del empleo en nuestro país supone enfrentar un problema de dos dimensiones: (i) la cantidad del empleo que necesita crearse anualmente para reducir la tasa de desempleo abierto, y (ii) la calidad del empleo que se requiere generar para que este se convierta en el medio eficaz de la reducción de la pobreza.

En el primer caso, la capacidad de la economía para generar empleo no parece haberse modificado sustantivamente desde la década pasada. Es decir, continuaría requiriéndose de un punto de aumento en el PBI per cápita para incrementar en medio punto el empleo. Si esto es así, y no hay una modificación importante en la calidad del crecimiento económico, para que el desempleo no aumente se estarían necesitando tasas cercanas al 7% anual.

La segunda dimensión del problema se resuelve -esencialmente- a mediano plazo, también con medidas administrativas. Entre las medidas necesarias, pero de efecto no inmediato, se encuentran: la elevación del nivel de productividad de la economía y la mayor calificación relativa de la población económicamente activa (PEA). Las políticas específicas de fomento a la microempresa urbana y a la agricultura tradicional del país suponen la generación de un marco pro empleo adecuado, que requeriría ir cimentándose para producir la reconversión productiva que requiere nuestra economía para llegar a ser una economía con mayor valor agregado.

La pequeña agricultura y las medianas y pequeñas empresas (mype) urbanas

Los sectores económicos donde predominan las microempresas -comercio, servicios y agricultura- son los que concentran la mayor cantidad de empleo (poco más del 80%); y, al mismo tiempo, son los que tienen los problemas más serios de productividad y, por ende, de bajos ingresos. En otras palabras, si se quiere solucionar estructuralmente el problema del empleo en el país, las políticas públicas deberían brindar atención preferente, por un buen tiempo, a estos sectores.

Por lo anteriormente expuesto, las políticas públicas no pueden dejar al mercado la responsabilidad exclusiva de la generación de empleo (en cantidad y calidad). En el caso del sector agrícola, se necesita promover la conformación de una cadena de valor hacia delante y hacia atrás.

Si consideramos el caso de las microempresas urbanas, apreciamos que sucede algo similar. El Estado tiene que facilitar determinados procesos que no están en la agenda del mercado. En el sector urbano, las políticas públicas tendrían un mayor impacto a corto plazo y estarían en función de los recursos disponibles y de la estrategia a seguir. En este ámbito, el problema no pasa por la debilidad o inexistencia de los mercados (como lo puede ser para el sector de la pequeña agricultura), sino por el acceso a los mercados de mayor consumo, de mayor dinamismo.

En el mejoramiento de la productividad de las microempresas, la acción de los programas públicos puede ser más relevante, si la intervención se hace con un enfoque de mercado. Se debe tomar las señales en términos de las especificaciones de los servicios de capacitación y asistencia técnica demandados por las microempresas. Así como, en relación con la modalidad de actuación estatal: sin actuación directa, sino mediante la promoción de la configuración de mercados de desarrollo empresarial, en los cuales el Estado se concentra en las tareas de certificación, provisión de información y de subsidio compartido.

Mejoramiento de la calidad del empleo: su formalización

Una medida administrativa que rápidamente puede mejorar la calidad del empleo vigente, formalizándolo, gira alrededor del debilitamiento de la fiscalización laboral. Hoy, nadie critica los operativos que hace la SUNAT ni los controles e inspecciones que ejecuta para reducir la evasión tributaria y para fiscalizar el pago de los impuestos. Sin embargo, con solo 120 inspectores de trabajo para todo Lima Metropolitana (para una PEA que excede los tres millones), la acción fiscalizadora del Ministerio de Trabajo recibe críticas constantes .

La ampliación en la cobertura de la fiscalización de la normativa laboral tendría un impacto inmediato en la formalización del empleo, con las externalidades positivas que ello produce en términos de aumento de la recaudación tributaria, los aportes a la seguridad social y a las AFP. Sin embargo, esta acción fiscalizadora debe contemplar una acción preventiva y un reconocimiento público de las empresas que cumplen sus responsabilidades laborales. Los procesos, en curso y en aumento, de responsabilidad social empresarial tienen, en este sentido, un primer punto de referencia al interior de su propia organización: sus trabajadores.

Mejorar los ingresos laborales para que aumente el empleo adecuado

No obstante la recuperación de la tasa de sindicalización, esta aún es menor al 10% de la PEA sindicalizable  (en el año 2000 era menos del 5% y en la década de 1980 era del 50% aproximadamente), lo cual implica que los mecanismos de la negociación salarial bilateral involucren a un porcentaje minoritario de los trabajadores. En ausencia de una presencia relevante de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva, el reajuste de la remuneración mínima se convierte, en la práctica, en la negociación colectiva de los asalariados formales.

Si no hay un reforzamiento de la representación de los trabajadores, seguirá ocurriendo lo que ha acontecido en el último quinquenio. El PBI crece pero las remuneraciones no mejoran. Esto significa que los beneficios del crecimiento económico acaban concentrándose en un sector sin extenderse al conjunto de la PEA. Esta situación, que media entre la coyuntura y la estructura, explica el deterioro en la distribución de los ingresos laborales entre los años 2000 y 2004 (el coeficiente Gini del ingreso laboral sube de 0,52 a 0,58).

Como parte de esa reforma del marco institucional, hacia uno de mayor equidad, se requiere introducir políticas sociales que faciliten la inclusión de los sectores mayoritarios de la población en los servicios de salud y de previsión. Conviene recordar que apenas uno de cada cuatro trabajadores de las microempresas tiene acceso a algún seguro de salud, y menos a una cobertura de los riesgos propios de la actividad económica.

En consecuencia, las medidas necesarias y urgentes para que aumente la cantidad de empleos de calidad suponen una implementación que media entre el corto y el mediano plazo. Asimismo, suponen una participación multisectorial (MEF, Agricultura, PRODUCE, Trabajo, MIMDES) y la implementación de mecanismos institucionales que fortalezcan espacios de mediación y de concertación social. No hay recetas simples y, menos, solo de legislación. En este aspecto, como en otros, la economía sí importa.