Balance del primer año del Congreso (2)

El mayor acierto del Legislativo, compartido con el Ministerio de Educación, fue la aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial, que representa un positivo y relevante cambio en los incentivos para los maestros de colegios públicos. Ojala esta medida sea solo el inicio de un conjunto de reformas destinadas a ampliar la cobertura (hasta la graduación y no solo la matrícula) y, quizás más importante aún, la calidad educativa. También fue positivo que se aprobaran las enmiendas al Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, que se concretaría en octubre.
Los principales yerros fueron el "relanzamiento" de Agrobanco y la desnaturalización de la regla de gasto, que es parte de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Con Agrobanco se ha vuelto a pretender cuadrar el círculo, al prestarles directamente a agricultores de subsistencia que, por definición, no pueden pagar un crédito. Peor aún, se ha perdido la oportunidad de intervenir de manera más inteligente, diseñando un esquema de subsidios directos focalizados adecuadamente que incentive, por ejemplo, la asociación de productores y la reconversión de cultivos. Este esquema hubiera impedido, de otro lado, que se aprovechen del crédito subsidiado quienes tienen mayor acceso al poder político. La regla de gasto pretendía moderar la expansión del gasto público para contribuir a hacer sostenible la política fiscal y para poder utilizarla, efectivamente, para hacer política macroeconómica anticíclica. La regla de gasto original limitaba el aumento del gasto no financiero del Gobierno General al tres por ciento real. La regla vigente sólo limita el aumento de los sueldos, así como el gasto en bienes y servicios del Gobierno Central: el 47% del gasto incluido en la regla original. Así, mientras dure la bonanza fiscal asociada al aumento de los precios de los metales, se gastará excesivamente pese a que la demanda privada está creciendo dinámicamente. El ajuste fiscal cuando el boom pase, sin embargo, será apreciable. Alternativamente, debería moderarse la expansión del ineficiente gasto público y reducir las tasas de algunos impuestos o eliminar otros.

Coincido con un grupo de asesores que sostienen que el Congreso debería tener una oficina de estudios económicos que centralice el análisis de políticas públicas, incluyendo el análisis costo beneficio de los Proyectos de Ley. Eso permitiría especializar y darles continuidad a los asesores, además de mejorar la paupérrima calidad del análisis económico y evitar duplicidades de esfuerzos. Los funcionarios deberían ser elegidos por concurso público, que podría estar a cargo de una empresa de recursos humanos por ejemplo, y evaluados anualmente. Enuncio algunas de las otras reformas pendientes: evaluar a todos los asesores anualmente; tercerizar los amañados concursos para secretarías técnicas de comisiones; fortalecer la asesoría de los grupos parlamentarios y reducir el número de asesores de los congresistas; y establecer convenios institucionales con otros centros de investigación, universidades y organismos multilaterales.