El rol del Estado afectado: un estudio de caso de la respuesta al terremoto peruano

El 15 de agosto de 2007 un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter azotó las costas peruanas. El terremoto causó graves daños en el departamento de Ica, particularmente en las ciudades de Pisco, Chincha e Ica. Murieron casi 600 personas, aproximadamente 1.000 resultaron heridas y más de 70.000 familias quedaron afectadas. Hubo considerables daños en inmuebles del gobierno, casas, escuelas, iglesias, pistas y puentes, lo que creó en la zona una urgente necesidad de albergue, comida, agua, asistencia médica, servicios sanitarios y seguridad.

Este estudio analiza la respuesta del Estado peruano frente al terremoto y evalúa su relación con los actores locales no gubernamentales y la comunidad internacional. El objetivo es reflexionar constructivamente sobre esta respuesta para generar conocimiento y recomendaciones de política que puedan ayudar a mejorar futuras respuestas ante desastres similares. Hay muy pocos análisis que se extiendan en el rol concreto que juegan los Estados en la respuesta nacional, incluyendo planes institucionales, niveles de financiamiento público y actores clave involucrados. Esta falta de conocimiento puede llevar deficientes niveles de coordinación y comunicación, a la duplicación de esfuerzos y al retraso en la entrega de ayuda.
Este estudio está basado en la revisión de literatura relevante y en una corta visita de campo clave y se participó en dos talleres de trabajo organizados en Lima y en Pisco con miembros de los órganos del gobierno, de gobiernos donantes, de agencias humanitarias y de otras organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, explora cómo el sistema estatal operó, en la práctica, durante la respuesta al terremoto, y su interacción con los actores nacionales e internacionales, como el sistema de la ONU, ONG nacionales e internacionales, el sector privado y la Iglesia Católica. La sección final evalúa la transición de una fase de emergencia a una de reconstrucción, y explora cómo está siendo implementada.

El estudio fue desarrollado por CIES y el Humanitarian Policy Group (HPG) del Overseas Development Institute (ODI). auspiciado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID).