¿Sancionar la corrupción funciona? Efectos del castigo de la corrupción en los gobiernos subnacionales sobre la pobreza multidimensional

El título completo de la investigación es «¿Sancionar la corrupción funciona? Efectos del castigo de la corrupción en los gobiernos subnacionales sobre la pobreza multidimensional», y su objetivo es identificar el efecto de sancionar la corrupción pasada sobre la pobreza medida bajo un enfoque multidimensional y de género, a nivel provincial. Para ello, se utilizaron sentencias firmes provistas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) del periodo 2004-2015 como proxy del efecto sancionador de la corrupción; y el Censo Poblacional 2017 para la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Bajo un enfoque de corte transversal, los resultados indicaron que sentenciar un delito de corrupción reduce el IPM en 0.15 pp, la incidencia de PM en 0.09 pp; y su intensidad en 0.14 pp. Este efecto disuasivo favorece a las condiciones de vivienda y educación. Bajo un enfoque de género, no se puede afirmar que este efecto disuasivo beneficie más a los hogares con jefas de hogar. Finalmente, los resultados indicaron que las provincias donde la proporción de mujeres en cargos directivos es mayor al promedio nacional, el rol disuasivo del castigo de la corrupción se mitiga y el IPM tiende a aumentar.

Este estudio se desarrolló como resultado del XX Concurso Anual de Investigación CIES 2018, con el auspicio de Global Affairs Canada (GAC), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), la Fundación Manuel J. Bustamante De la Fuente, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

This research aims to identify the effect of punishing corruption on poverty, measured under a multidimensional and gender approach, at the provincial level. To this end, we used the judicial sentences provided by the Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) for the 2004-2015 period as a measure punishing corruption; and the Population Census 2017, to build the Multidimensional Poverty Index (MPI). Under a cross section analysis, the results indicate that a judicial sentence reduces the MPI (-0.15 pp), the incidence of MP (-0.09 pp) and the intensity (-0.14 pp). This contributes to reduce deprivation in education and living conditions. Regarding the gender approach, there is no sufficient evidence to affirm that punishing corruption benefits more households headed by women than by men. Finally, the results indicate that in local governments where the participation of women in management positions surpass the national average, the supervisory role is mitigated and the MPI tends to increase.