Informe de inventario y análisis de las medidas administrativas emitidas por los Gobiernos Regionales de Cusco, Loreto y San Martín, que deben ser consultadas en el marco de la Ley Nº 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT

La Defensoría del Pueblo ha considerado necesario priorizar el levantamiento y sistematización de información relativa a las medidas administrativas que deberían ser consultadas para la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, contenido en el Convenio 169 y desarrollado por la Ley Nº 29785 y su respectivo reglamento (aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC). En ese sentido, en el marco de la cooperación técnica que la Defensoría del Pueblo recibe de la República Federal de Alemania, se ha aprobado el proyecto de «Apoyo a la Defensoría del Pueblo en la Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios como Aporte a la Prevención de Conflictos», uno de cuyos componentes está orientado a que la Defensoría del Pueblo cuente con toda la información relevante y actualizada que requiere para la ejecución de sus tareas con respecto a la supervisión de la implementación del derecho a la consulta previa a pueblos indígenas.

Es importante resaltar el rol que deben asumir las áreas responsables de los asuntos indígenas, ya que ellas son las llamadas a asegurar que los distintos procedimientos a través de los cuales se desarrolla la consulta previa cumplan con la finalidad de dicho proceso. Asimismo, para que los Gobiernos Regionales puedan tener un asesoramiento técnico adecuado y resolver de manera más ágil los casos que requieren consulta, se recomienda que el Ministerio de Cultura desconcentre en sus Direcciones Regionales Sectoriales las funciones correspondientes del Viceministerio de Interculturalidad, a fin de cumplir con oportunidad el proceso de consulta. De igual forma, fortalecer los equipos técnicos de la Defensoría del Pueblo en las regiones para que puedan participar en estos procesos y garantizar que se realizan conforme a lo normado.

El estudio contó con el auspicio de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ, en cooperación técnica con la Defensoría del Pueblo y la colaboración del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) para su desarrollo.