Política tributaria para el 2011-2016

Esta publicación es uno de los 15 documentos de política del proyecto “Elecciones Perú 2011: centrando el debate electoral”, iniciativa del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), en alianza con otras instituciones.

Luego de analizar a profundidad el sistema tributario peruano, este documento sostiene que sus principales problemas son: (i) el bajo nivel de la recaudación, que lo hace insuficiente para financiar servicios públicos adecuados; (ii) la concentración de la recaudación en el gobierno central y la poca participación de los gobiernos regionales y locales; (iii) la estructura de la recaudación con mayor preponderancia de los impuestos indirectos y la baja recaudación de los impuestos directos, que determina que el impacto de la tributación en la equidad sea mínimo; (iv) los altos niveles de evasión del impuesto a la renta y del IGV; (v) las altas tasas impositivas en comparación con las tendencias y estándares internacionales; (vi) la reducida base tributaria, originada por deducciones generosas, exoneraciones que no contribuyen a la equidad y regímenes especiales que promueven la atomización de las empresas y la evasión; y, (vii) la complejidad del sistema tributario en su conjunto.

Para enfrentar esos problemas, se propone una reforma tributaria con énfasis en el incremento de la recaudación de los impuestos directos, en la reducción de algunas tasas impositivas, en la ampliación de la base tributaria y en reformas institucionales que fortalezcan a las administraciones tributarias. Se señala que el objetivo general de esa reforma es el incremento de la recaudación de impuestos permanentes (no volátiles) en un monto equivalente a 2-3% del PBI; igualmente, que los recursos adicionales sean utilizados en programas de presupuestos por resultados en educación, salud e infraestructura. Pero, además, para que sea viable y tenga éxito dicha reforma, insta a establecer un Pacto Fiscal, es decir, un acuerdo entre gobierno, partidos políticos, gremios empresariales, trabajadores y sociedad civil en general, para acordar cómo obtener, distribuir, aplicar y controlar la utilización de los recursos públicos.

Se agradece a las instituciones que han hecho posible este esfuerzo: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), Cooperación Belga al Desarrollo, Corporación Andina de Fomento (CAF), Democracia Activa Perú (AED, por sus siglas en inglés), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), Grupo Temático Sectorial Verde, Instituto Demócrata Nacional (NDI, por sus siglas en inglés), Mesa de Género de la Cooperación Internacional (MESAGEN), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Overseas Development Institute (ODI) y Programa Gobernabilidad e Inclusión – GIZ.