#25N Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres
Prejuicios machistas dificultan combate a la trata, reinserción de víctimas y sentencias judiciales
Miradas prejuiciosas intervienen incluso en actuación del personal de salud al atender a gestantes. CIES presenta investigaciones sobre violencia de género que aportan al debate y a la formulación de políticas públicas y leyes para eliminar violencia contra las mujeres.
Basadas en evidencias, investigaciones académicas encargadas por el Consorcio de Investigación Académica y Social (CIES) sobre la violencia de género expresada en el delito de trata de personas, en la violencia ginecobstétrica y en los procesos de juzgamiento a los agresores de mujeres; coinciden en señalar que los prejuicios machistas entorpecen los esfuerzos por erradicar estas agresiones contra las mujeres en el país.
Estas miradas prejuiciosas sobre la trata está impidiendo restituir derechos a las víctimas y combatir adecuadamente el delito en Madre de Dios, reveló la investigación Percepciones de actores involucrados en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, sus vínculos con la minería ilegal y las barreras para combatirla en Madre de Dios, realizada por Morelia Mamani Zavaleta y Claudia Farfán Valer, de la Universidad Nacional del Altiplano, en la zona de La Pampa, Madre de Dios. En el estudio se señala que uno de los prejuicios implica el traslado de la responsabilidad por el delito a la propia víctima: “Se asume que las mujeres ‘quieren’ estar en la situación de explotación sexual”.
Las víctimas de trata se ven así perjudicadas por estos prejuicios, expresados por quienes tienen que luchar contra el delito -funcionarios y funcionarias que integran la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas de Madre de Dios-. Son 11,252 mujeres víctimas de trata (desde el 2007) sobre quienes se extendería esta mirada deshumanizante, según otro estudio, El rol de los gobiernos regionales y locales frente a la lucha contra la trata de personas en contextos de minería informal: el caso de Piura y Madre de Dios, realizado por investigadoras del Instituto de Estudios Peruano (IEP).
Ellas son culpables
El prejuicio sobre las razones de la explotación sexual es un elemento común entre los actores involucrados en esta problemática, incluyendo a funcionarios y funcionarias del sistema de protección estatal, quienes deben procurar la reinserción social de las víctimas rescatadas. Ésta no se concreta en muchos casos porque se culpa a las sobrevivientes por su conducta y a las familias por su negligencia en el cuidado.
A través de la investigación Humanizando el Sistema de Atención Integral: Del discurso político a la defensa de los derechos humanos de las sobrevivientes. Carmen Barrantes y Ligia Alencastre, del Centro Bartolomé de las Casas, recomiendan que debe mejorarse el modelo de protección de las sobrevivientes y hacer un seguimiento sobre a sus proyectos de vida después de su paso por los CAR (Centro de Acogida Residencial).
Propuesta legislativa contra la Violencia Obstétrica
Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entre 2019 y 2021 el Programa Nacional Aurora atendió 35 casos de violencia obstétrica: 43% casos de violencia física, 40% psicológica, 17% sexual.
A través del documento de trabajo Agenda legislativa sobre igualdad de género, en el marco del proyecto “Construyendo diálogo democrático”, en junio pasado CIES alcanzó a los y las congresistas una propuesta de Proyecto de ley para promover los derechos de las mujeres y personas gestantes y prevenir la violencia gineco-obstétrica.
Esta propuesta define un marco legal para promover los derechos de la mujer y persona gestante y para prevenir la violencia gineco-obstétrica en los establecimientos de salud. Se aplicaría durante la gestación y en todas las etapas del parto y también en caso de aborto, garantizando por parte del personal de salud un trato digno, con privacidad, confidencialidad, transparencia y con enfoque de género.
Actos de violencia ginecológica las burlas, insultos, amenazas, malos tratos, la violencia física o psicológica, el abandono, retraso injustificado, el uso del caso clínico de una gestante para fines de investigación o docencia sin consentimiento, la esterilización sin consentimiento; entre otras prácticas lesivas para la mujer o persona gestante; quedarían definidos en la ley si se debatiera y aprobara esta propuesta en el Congreso de la República.
Un sistema especializado de justicia
El Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) se creó en junio de 2018 para fortalecer la protección y sanción de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, brindar una mejor atención para las víctimas y mejorar también tiempos de respuesta en los procesos.
Se establece que se realice un análisis específico de género en los casos para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el documento de trabajo “Acceso a la justicia en emergencia sanitaria: urgencias y vulnerabilidades – Perú Debate 2021” la investigadora Diana Chávez analiza el tema, señalando que esta recomendación, en medio de todas las que se sugirió en el contexto de la reforma judicial “constituye la más ambiciosa, más costosa y más compleja de implementar”.
Según la norma aprobada, deben crearse salas, juzgados y fiscalías especializadas, así como unidades de investigación forense. También debe promoverse la especialización del personal policial y de otros funcionarios. La complejidad del tema deriva, afirma Chávez, de la magnitud de la población a ser beneficada.
Hasta el momento el SNEJ se ha implementado en nueve distritos judiciales: Arequipa, Cusco, Junín, Lima Este, Lima Norte, Puente Piedra-Ventanilla, Callao, Áncash y Lambayeque; en los que hasta el momento se han dictado 76,704 medidas de protección a favor de las mujeres e integrantes del grupo familiar y se han emitido 16,067 sentencias.